Escandalo: Corrupción de funcionarios Joaquinistas encubrió desfalco de casi 8 mil millones de pesos

El gobierno de Quintana Roo enfrenta uno de los mayores escándalos de corrupción en su historia reciente. Un informe de la Secretaría de la Contraloría estatal (Secoes) ha revelado que, entre 2011 y 2016, durante la administración de Roberto Borge Angulo, se perdieron más de 7 mil 700 millones de pesos debido a omisiones y mal manejo de recursos públicos. Los funcionarios responsables dejaron prescribir investigaciones clave, lo que ha provocado un daño patrimonial casi irrecuperable para el estado.

La titular de la Secoes, Reyna Arceo Rosado, acompañada por el fiscal anticorrupción Edgar Ramírez Morales, señaló que las carpetas de investigación abarcan delitos como desvío de recursos, simulación de contratos y manejo irregular de programas sociales, afectando áreas tan críticas como salud, educación y desarrollo social.

Entre los desvíos más alarmantes destacan más de 1,377 millones de pesos en la Secretaría de Salud y otros 1,522 millones en la Secretaría de Desarrollo Rural y Sefiplan. Además, la omisión en la gestión de proyectos clave dejó sin servicios adecuados a miles de familias, desde programas de vivienda hasta infraestructuras hospitalarias y educativas.

A pesar de la gravedad del caso, las autoridades reconocen que gran parte de los delitos han prescrito, lo que dificulta la recuperación del dinero perdido.

Arceo Rosado denunció que la incompetencia y negligencia de la anterior administración dejaron vacíos legales y expedientes sin seguimiento, una situación que el gobierno de Mara Lezama heredó en 2022.

Arceo Rosado detalló que los hechos corresponden a la omisión de sanciones por parte de la Contraloría de la administración joaquinista, liderada en su momento por Rafael del Pozo.

Esto permitió que prescribieran plazos legales, lo que afectó la posibilidad de recuperar los recursos públicos desviados. De un total de 514 expedientes recibidos en septiembre de 2021, muchos no fueron procesados en su momento, lo que facilitó que los actos de corrupción quedaran impunes.

El fiscal anticorrupción, Edgar Ramírez, anunció que se revisarán más de 854 expedientes de administraciones pasadas con el objetivo de restaurar la confianza ciudadana y evitar que los responsables queden impunes. Las sanciones aplicadas hasta ahora incluyen la inhabilitación de 47 funcionarios, aunque aún no se han presentado denuncias penales.